Los primeros seis meses del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski han marcado la pauta de lo que será su gestión económica. Más allá de los encontronazos con la oposición, PPK y compañía han tenido libertad para marcar su cancha. La expresión máxima de este periodo de luna de miel ha sido el paquete de 112 decretos legislativos que hasta enero se promulgó, constituyendo la hoja de ruta del Gobierno hacia el 2021.  

En el plano fiscal, ese fue el momento para que plasme su visión de reforma tributaria, eterno pendiente en la agenda nacional. La apuesta de PPK tiene a la formalización como motor principal para ampliar la base tributaria, lo que permitiría alcanzar la soñada paradoja: reducir impuestos pero recaudar. Esta visión se ve bien en el papel, pero el contraste con la realidad genera dudas.

El Gobierno ha planteado un incremento de la recaudación que resulta improbable e insuficiente: elevar la presión tributaria del nivel actual de 14% del PBI al 17% para el 2021. Para ello se asume que cada año la recaudación crecerá a un ritmo que solo se dio en los mejores años del auge económico de la pasada década. Pero hoy el escenario es distinto. Por otro lado, el 17% de presión tributaria como meta, igual sería insuficiente para financiar las ambiciosas propuestas gubernamentales formuladas en educación, salud, infraestructura, seguridad ciudadana, agua y saneamiento, programas sociales, etc.

PPK confía en mecanismos como las concesiones, las asociaciones público - privadas y las obras por impuestos para cubrir las necesidades de inversión. Se asume que transfiriendo a manos privadas la inversión pública, disminuirá la necesidad de recursos fiscales. Es decir: como lo hace el privado, se necesitarán menos ingresos. Suena bien, pero es una ilusión peligrosa. Como lo ha demostrado el reciente conflicto alrededor de la concesión vial y peaje de Puente Piedra, estas inversiones no son gratuitas: tarde o temprano el Estado y/o los ciudadanos terminamos pagando la cuenta.

Ojo, de algún lado tendrá que salir el cuero para las correas, pero el paquete tributario del Gobierno no termina de convencer, combinando aspectos positivos y negativos. Ciertamente, se han promulgado medidas adecuadas y necesarias: la reversión de la absurda rebaja del impuesto a la renta de las empresas que aplicó Humala, promover un sistema recaudatorio más amigable con el contribuyente, el impulso a la formalización de las pequeñas y micro empresas. Hasta ahí, todo bien.

En particular, la priorización de la formalización de las pequeñas y micro empresas es importante. Pero ello no bastará para levantar la recaudación, puesto que: a) la formalización es un proceso gradual con impacto en el mediano y largo plazo; y b) la baja productividad y rentabilidad de estas empresas no permitirá recaudar mucho.

Lo cierto es que todas estas medidas distan de representar una real reforma tributaria. Hay extensos vacíos y puntos críticos del sistema impositivo que el paquete de decretos no aborda. Por ejemplo, no se ha tocado la extensa red de exoneraciones tributarias, que anualmente representan casi S/15 mil millones, monto superior a todo el presupuesto de salud. Quizás la renuencia del Gobierno para abordar este tema tiene algo que ver con el costo de pisarle los callos a sectores con llegada política y mediática, como los casinos y tragamonedas o las universidades privadas que lucran con la educación.

Tampoco hay señales claras sobre cómo enfrentar la evasión y la elusión tributaria que representan casi S/ 50 mil millones al año que se dejan de recaudar. Más allá de medidas aisladas, no se ve una propuesta integral para fortalecer la fiscalización, en particular a los grandes contribuyentes, que en muchos casos son también los grandes evasores.

El Gobierno tampoco ha tocado la papa caliente que representan las deudas tributarias de las grandes empresas, que actualmente ascienden a aproximadamente S/ 46 mil millones. Nada sustancial se ha propuesto, dando la impresión de que se ha optado por no incomodar a los amigos y llevar la fiesta en paz.

Quizás nada expresa mejor la tibieza de la política tributaria, que el manejo de la rebaja del IGV. Durante la campaña electoral Kuczynski se comprometió a reducir la tasa del IGV hasta el 15%. Hoy mantiene nominalmente su promesa, pero limitada a la vaga posibilidad de rebajar el IGV al 17% para mediados de año, siempre y cuando la recaudación se encuentre en niveles saludables, lo que es improbable que ocurra, debido al deterioro que se viene observando en la captación de impuestos. En la práctica, lo que el Gobierno ha hecho es disimuladamente echarle tierra a una promesa que probablemente quedará incumplida.

En suma, la política tributaria del Gobierno deja una impresión mixta, con elementos positivos pero también considerables limitaciones. Este 2017 la apuesta de PPK se desarrollará en un contexto de estancamiento económico y caída de ingresos fiscales que no da confianza. Con un panorama complicado dentro y fuera del país, las metas de ingresos, gastos y déficit fiscal pueden terminar haciendo agua. Atrapado entre medidas insuficientes, supuestos optimistas y promesas inciertas, el Gobierno no tiene mucho margen para corregir el rumbo si las cosas no resultan.

(Ilustración: esan.edu.pe)